La
avenida de los Constituyentes, de Villa Posse, en un tiempo, se llamaba General Bartolomé
Mitre y la calle 20 de Junio, de Agustín Ferrari, se denominaba William Morris.
Son numerosos los casos de cambios de nombres a calles y plazas que podríamos
citar. Nos limitaremos a esos dos ejemplos porque el objetivo del presente
artículo es un llamado a la reflexión y no la elaboración de un listado de
sitios cuyos nombres han sido modificados. Veamos.
A
veces los cambios obedecen a razones históricas, de reconocimiento a
personalidades benefactoras, a hechos trascendentes para el derrotero de la comunidad local o de
la República. Otras, a intereses
partidarios.
¿Es
correcto imponer la preferencia partidaria del gobierno de turno para alterar
la identificación del espacio público?
Precisamente, el espacio público -como su calificativo lo indica- es de todos, y todos pensamos
diferente.
Por
eso nuestro sistema constitucional republicano es pluralista y tolerante. Caso
contrario caeríamos en el totalitarismo populista que pretende homogeneizar –un
mismo color partidario- y hegemonizar
–someter al conjunto bajo un solo partido- el dominio político en la sociedad civil. Es un
error creer que todo es política. La sociedad civil posee autonomía
natural, que debe ser respetada porque está amparada por la Constitución y las
leyes. Por ejemplo, un club de barrio o una sociedad de fomento jamás tienen
que estar sometidos a los intereses partidarios circunstanciales de una gestión
municipal. En un barrio existe diversidad de ideas que requiere el
respeto estatal, nunca su sometimiento.
Pueblo
somos todos y nadie puede arrogarse la representación excluyente del mismo. El
artículo 22 de la Constitución Nacional establece: “(…) Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los
derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.
Un
gesto de madurez institucional sería que nuestras autoridades municipales
salvaguarden el espacio público de cualquier ataque a la pluralidad y la
diversidad. Lamentablemente, en Merlo la gestión anterior cometió brutalidades
insalvables y hemos visto derrumbar y robar bustos de próceres que nunca fueron
restituidos. Un caso palmario es el de nuestra plaza Bernardino Rivadavia, que
denunciáramos hace 14 años en el periódico El Progreso de Mariano Acosta.
La
normativa en la Provincia de Buenos Aires ha preservado de la intoxicación partidista
el patrimonio cultural e histórico, aconsejando que, para bautizar un lugar
público con el nombre de una personalidad, debería hacerse diez años después
de su fallecimiento.
El
tiempo es juez y testigo. Además, calma las pasiones y nos ayuda a valorar los
acontecimientos del pasado con imparcialidad, impidiendo, en muchos casos, que coloquemos coronas de laureles en
cabezas de falsos próceres. O de corruptos. Es lo mismo.
Dr.
Horacio Enrique POGGI
